El Gobierno ha dado el primer paso para aprobar una nueva ley de medicamentos y productos sanitarios que pretende cambiar el ecosistema de la política farmacéutica en España. El anteproyecto, al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros, introduce cambios en cómo se establecen los precios para que los genéricos ganen peso en el mercado, permite recetar fármacos a las enfermeras y los fisioterapeutas y da más competencias a los farmacéuticos para evitar que los pacientes tengan que volver al médico si la farmacia no tiene disponible, por ejemplo, un medicamento en cápsulas. Podrán darlo en otra presentación como sobres.
Sin embargo, la reforma del copago farmacéutico, que estaba incluida inicialmente en la ley redactada por el Ministerio de Sanidad, se queda fuera de la norma. Al menos en esta primera vuelta.
“Vamos a mejorar el acceso a la innovación, favorecer una competencia saludable de los desarrolladores con una mayor introducción de genéricos y biosimilares y fortalecer la capacidad para los medicamentos esenciales”, ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La última vez que España hizo una reforma integral de una ley de medicamentos fue en los años noventa.
Estas son las claves de una ley técnica con mucha letra pequeña que todavía está sujeta a cambios. El Ejecutivo pretende ahorrar 1.300 millones de euros con esta norma, aunque requiere, según sus cálculos, un gasto extraordinario de 320 millones de euros.
Qué pasa con el copago
El departamento que dirige Mónica García asegura que “no hay disenso sobre el fondo” de la reforma del copago propuesta por Sanidad y señala a otros ministerios como responsables de la decisión. “Plantean dejarlo para otro momento posterior en la tramitación de la ley”, apuntó el secretario de Estado, Javier Padilla, en un encuentro con la prensa, que no da por perdida la remodelación del copago. Solo por pospuesta.
Tal y como ya contó elDiario.es, la modificación que plantea el Ministerio ampliaba de tres a seis los tramos de renta que determinan cuánto debe asumir el paciente de su bolsillo y, como resultado, bajaba la aportación de las más bajas (hasta los 35.000 euros) y subía en los siguientes escalones. Además, introducía por primera vez un tope mensual a la población activa que ingrese menos de esos 35.000 euros. Hasta ahora solo lo tienen los pensionistas.
Los cambios, que ahora han quedado aparcados, se podrían introducir o bien en el texto que se envíe al Congreso para iniciar el recorrido parlamentario –en fase de proyecto o segunda vuelta– o bien durante su paso por el Parlamento. Algunos ven el copago, dentro de una ley tan técnica como esta, como una baza de negociación que guardarse cuando haya que negociar la ley en el Parlamento.
Los genéricos
Cuando un medicamento innovador pierde la patente (se mantiene durante diez años), otras compañías pueden crear fármacos con la misma molécula. En ese momento el precio que se fija para todos ellos es el de la empresa que ofrece una cifra más baja. Con esta reforma, que pretende romper con la “rigidez” del sistema, se permitirá mantener un precio más barato en el genérico para que gane terreno y a las marcas, si así lo deciden, preservar uno más elevado.
A cambio, los fármacos que queden por encima de ese umbral podrán seguir siendo financiados de manera parcial. Por ejemplo, si el paciente prefiere comprar Gelocatil (marca) en lugar de paracetamol Cinfa (genérico), no tendrá que asumir el precio completo porque una parte –equivalente al precio más bajo del sistema– quedará subvencionada. Una especie de copago evitable.
“Como desde que se aprueba un medicamento nuevo hasta que se financia pasan muchos días, tenemos a la industria innovadora interesada en competir con los genéricos en esta fase del mercado competitivo y eso hace que haya una menor entrada de genéricos respecto a Europa y que sean más caros, se quedan lastrados”, explicó el número dos de Sanidad en un briefing con la prensa.
Para Jaime Espín Balbino, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y miembro de la Asociación Economía para la Salud (AES), este sistema acerca el ecosistema español a un modelo europeo “más dinámico” y que “puede evitar problemas de abastecimiento” aunque “hay que esperar a ver cómo se articula en la ley”.
La Asociación de Acceso Justo al Medicamento, por su parte, teme que los precios que paga el Sistema Nacional de Salud por los genéricos suban y considera que había otras soluciones para enfrentar el estancamiento de estos fármacos más baratos en la cuota de mercado, señala su presidenta, Soledad Cabezón. “Se pretende que penetre más, haya más volumen y no sea tan barato”, apunta. Esta cuota está estancada desde hace años en poco más del 40% cuando en otros países del entorno tiene un porcentaje mayor.
Elegir en la farmacia
Una vez recetado un fármaco, el paciente va a la farmacia a recogerlo. Si la prescripción es por principio activo y a la persona le da igual, en la oficina de farmacia se entregará el de menor precio. Si pide un fármaco diferente al prescrito pero entra dentro de la horquilla, se le dispensará el que solicite sin ningún copago. La recarga al bolsillo de los pacientes se producirá si solicita un medicamento que está fuera de los precios de referencia. Entonces el Sistema Nacional de Salud cubre hasta el equivalente de menor precio y el resto lo asume el paciente, de acuerdo con la reforma planteada por el Ministerio.
El anteproyecto, además, crea una nueva figura llamada “medicamento de primera prescripción” que permitirá a un paciente tener disponible en su tarjeta sanitaria un fármaco durante un periodo de tiempo determinado sin que tenga que volver al médico a por una nueva receta. O sea, podrá ser dispensado en “sucesivas ocasiones sin prescripciones adicionales”.
Recetas de enfermeras y fisios
El anteproyecto “aumenta el número de profesionales sanitarios facultados para prescribir medicamentos siempre dentro de las competencias atribuidas”. Se habilita a profesionales de la enfermería y la fisioterapia a recetar, como ya se hizo con los odontólogos, por ejemplo.
En 2018 ya se aprobó un real decreto que pretendía caminar en este sentido pero no ha dado los resultados esperados y el Ministerio ha ido facultando a las enfermeras a indicar ciertos medicamentos, como los antibióticos para la infección de orina. Si esta ley sale adelante quedará por primera vez recogido en una norma de este rango. El cambio vendría a solucionar situaciones como las siguientes, que todavía se dan en algunas comunidades: una enfermera está curando durante meses una herida crónica a un paciente e indica qué producto se debe usar para ese proceso. Sin embargo, la firma corresponde al médico.
Cambios en las compras: pago a plazos y centralizar
Habrá también cambios en el sistema de compras. Por ejemplo, se abre por primera vez la posibilidad de fraccionar el pago de medicamentos que solo se administran una vez pero cuyos efectos se van a ver en un plazo de tiempo “en función de cómo van funcionando”. Sanidad lo contempla como una “innovación contable” que puede favorecer que se financien fármacos muy caros, como las terapias CAR-T contra el cáncer.
La reforma incluye también nuevos mecanismos de compra conjunta o centralizada “a nivel nacional o europeo”, como ocurrió con las vacunas durante la pandemia de Covid-19 y un nuevo mecanismo para poder financiar fármacos que no han pasado el filtro de la comisión de financiación en casos muy puntuales. El Ministerio quiere plantar “una habilitación normativa para que se puede producir con seguridad jurídica”.
Más competencias a las farmacias
Los cambios también tocan a las oficinas de farmacia. Hasta ahora, en el mostrador solo se puede dispensar la prescripción exacta que anota el profesional sanitario. Por ejemplo, paracetamol en sobres. La reforma abre la puerta a que el paciente pueda comprar, bajo el paraguas de la misma receta, comprimidos en lugar de sobres si tienen la misma cantidad y son el mismo principio activo sin necesidad de volver al médico a obtener otra receta.
El borrador también da nuevas facultades a los farmacéuticos: podrán sustituir el medicamento por otro parecido si el que está recetado no está disponible y es posible sustituirlo. Ahora bien, tendrá que informar al paciente de esta decisión y sus motivos y la última palabra en la elección la tendrá él o ella, no el profesional. Esta medida pretende aliviar eventuales situaciones de desabastecimiento dando una mayor flexibilidad a las farmacias y agilizando la llegada del fármaco a las manos del paciente. Con la regulación actual, la persona tendría que volver a Atención Primaria a obtener otra receta.