El Supremo rechaza el recurso de Ábalos y avala la investigación sobre su patrimonio

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, contra la investigación sobre su patrimonio en el marco de la causa que indaga la presunta contratación irregular de mascarillas durante la pandemia. El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso, ha ratificado la solicitud de informes a entidades financieras y a Hacienda, avalando la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La resolución, notificada este martes, descarta que la UCO se haya excedido en su labor y subraya que la investigación no se centra exclusivamente en los contratos sanitarios de la pandemia, sino que también abarca movimientos financieros previos. Entre ellos, se incluye el pago de un alquiler por parte de un imputado a la entonces pareja de Ábalos, así como la actividad de la fundación Fiadelso, creada por el exministro y bajo sospecha tras recibir 4,9 millones en subvenciones públicas sin un control transparente.

El juez reconoce un error en la valoración de un terreno en Colombia, pero lo considera "irrelevante" para la causa. También rechaza las críticas de la defensa de Ábalos, que denunciaba una supuesta "investigación prospectiva". De hecho, señala que fue el propio exministro quien mencionó un terreno en Perú durante su declaración, un bien que, según la investigación, habría pasado a su titularidad tras la muerte del presidente de la fundación Fiadelso.

El auto del Supremo mantiene las medidas cautelares impuestas a Ábalos, como la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el juez cada quince días. Además, respalda el rastreo de sus movimientos financieros para esclarecer si hubo enriquecimiento ilícito.

La investigación sigue abierta, con el exministro como investigado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación. El magistrado instructor ha reiterado que las pruebas van más allá de simples testimonios y apuntan a un "patrón" de beneficios económicos obtenidos al margen de la legalidad.