El Gobierno central y Junts han alcanzado en las últimas horas un nuevo acuerdo sobre inmigración, esta vez sobre el reparto de menores no acompañados que actualmente se encuentran en las islas Canarias y que implicará, según la formación posconvergente, que Catalunya recibirá entre 20 y 30 de los 4.000 que se encuentran actualmente en el archipiélago, mientras que Madrid acogerá a más de 700. Tras amarrar los votos de Junts, el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la fórmula para redistribuir entre comunidades autónomas a los menores inmigrantes no acompañados que, actualmente, mantienen colapsado el sistema de acogida en Canarias y Ceuta.
Un trabajador de la Cruz Roja atiende a dos migrantes en la isla de El Hierro, Canarias
El mecanismo será un Real Decreto Ley con el que se modificará el artículo 35 de la Ley de Extranjería, estableciendo un reparto obligatorio —hasta ahora es voluntario— cada vez que se disparen las llegadas de inmigrantes. La medida permitirá el traslado urgente de 4.000 niños y adolescentes sin tutela familiar del archipiélago y otros 400 de la ciudad autónoma y saldrá adelante después de que el Gobierno se haya garantizado el apoyo de Junts, cuyos siete escaños en el Congreso de los Diputados son fundamentales para convalidar en 30 días el Real Decreto.
La modificación de la Ley de Extranjería fue la opción que barajó el Gobierno desde el primer momento. Sin embargo el intento para llevar a cabo la reforma legislativa naufragó el pasado verano con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. Tras el fracaso, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el Gobierno central fueron explorando fórmulas alternativas para dar solución a la situación de desprotección de los menores extranjeros no acompañados, tal y como han denunciado asociaciones como Amnistía Internacional. La última que estaba sobre la mesa era la de realizar un reparto eventual obligatorio —sin modificar la ley—. Sin embargo, el acuerdo anunciado entre PSOE y Junts, hace dos semanas, para delegar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya allanó el camino para modificar la ley de Extranjería, según fuentes gubernamentales.
Fuentes de JxCat apuntan que esta modificación legislativa tiene un carácter “temporal” y cuya vigencia será de un año, por lo que se tendrá que prorrogar en cada ejercicio para que se mantenga la obligatoriedad de los criterios de dicho reparto.
Los criterios para la distribución de los menores
La distribución de los menores que serán trasladados de Canarias y Ceuta a la península se realizará en base a varios criteriosen función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
En base a estros criterios, y tal y como ha ido el Gobierno insinuando durante los meses de la negociación, aquellos territorios que en años previos se han esforzado más que otras en atender a este colectivo —como es el caso de Catalunya con 4.600 plazas o País Vasco con unas 1.500— serán recompensadas en los repartos próximos.
De ahí, que el comunicado difundido por Junts a primera hora de hoy hable de que a Catalunya llegarán entre 20 y 30 niños y adolescentes, mientras que Madrid debería recibir más de 700. No obstante, la cifra de cuántos menores inmigrantes llegarán a cada comunidad autónoma no está cerrada, según apuntan las mismas fuentes.
En las disposiciones generales del real decreto aprbado hoy, se garantiza la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros y establece los criterios objetivos y homogéneos para determinar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en el caso de que no haya un acuerdo unánime en la conferencia sectorial.
Junts afirma que las comunidades que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener, como el caso de Catalunya, recibirán una compensación económica adecuada. “Sólo así se garantizará un sistema de repartimiento equitativo y sostenible”, aseguran.
Poco después de trascender el acuerdo, la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Miriam Nogueras, declaró a los medios de comunicación que este nuevo acuerdo con el Ejecutivo estatal “corrige una desigualdad histórica” según la cual “Catalunya ha hecho un esfuerzo enorme para acoger mientras otras comunidades han mirado hacia otro lado”.
Ante este pacto, Nogueras reprochó la “incomparecencia” del president de la Generalitat, Salvador Illa. A juicio de la dirigente de JxCat, el acuerdo “constata” que el socialista “ha elegido no moverse, callar y no molestar al Gobierno y al PSOE”.
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Tras muchos meses de negociaciones, el PSOE y Junts sellaron a principios de marzo el traspaso de competencias a la Generalitat en materia de inmigración. Los tres aspectos principales de dicho acuerdo se basan en el control de fronteras –el Govern participará además en la instrucción de los procesos de expulsiones, que seguirán siendo responsabilidad del Estado–, en la gestión de permisos de residencia y en el control de los centros de internamiento de ciudadanos extranjeros.
El PP ya ha mostrado su rechazo al acuerdo del Gobierno con Junts y ha exhibido como alternativa su propio pacto con el Ejecutivo canario. “Es insolidario condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a nuestras costas de manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas”, argumentan fuentes de Génova, que acusan a Sánchez de “mercadear con leyes y menores de edad”.
Por su parte, Compromís se ha mostrado favorable al acuerdo anunciado este martes por PSOE y Junts: “Si hay criterios de equidad y solidaridad está bien. No tiene por qué haber un problema” (…) “Pero deberíamos replantearnos qué política de migración tenemos, porque parece que estamos mercadeando con niños y no queremos que estos sea lo que se traslade a la sociedad”, ha añadido la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Àgueda Micó.
Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, se ha referido al acuerdo como un mero “parche insuficiente” que no ataja las cuestiones fundamentales de la política migratoria nacional que adolece de profundo racismo institucional. Eso sí, ha confirmado que su partido votará a favor del decreto cuando llegue al Congreso argumentando que "es mejor una solidaridad interterritorial insuficiente que una insolidaridad interterritorial”.
El Govern promete lealtad pero lamenta la “deshumanización” que marcan las cuotas
El Govern de la Generalitat ha querido remarcar su “respeto” y su “lealtad” total hacia el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para el reparto de los menores inmigrantes procedentes de Canarias pero ha querido desmarcarse de la “deshumanización” que a su juicio marcan “las cuotas y las cifras” del pacto. “Estamos hablando de personas, de jóvenes, en muchos casos menores, y cualquier despliegue o aproximación queremos que tenga visión humanista, de solidaridad, en ningún caso mercantilista o de intercambio de cuotas”, ha señalado la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Aunque el Ejecutivo de Illa da la “bienvenida” al acuerdo y promete “lealtad y voluntad de despliegue”, prefieren un enfoque distinto al que le está dando Junts, una “visión humanista, no mercantilista, puesto que estamos hablando de personas, no de cosas”, que a su entender está más en consonancia con la tradición de Catalunya como “tierra de acogida”.
